II. Análisis de la Cultura Tributaria: un acercamiento a la “moral tributaria” y su impacto en el financiamiento del Estado y los programas de Defensa y Seguridad

RESUMEN

De acuerdo a investigación del Centro de Investigaciones Económicas (CIEN) existen 4.9 millones de guatemaltecos en edad y capacidad de trabajar. Lo alarmante es que un 75% de estos guatemaltecos que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) lo hacen desde el sector informal, posicionando a nuestro país en el primer lugar en Centroamérica.  El  33% del PIB podría ser, interpretando a los funcionarios del CIEN, la porción perteneciente a la economía informal, la cual, en su gran mayoría, no transfiere recursos al fisco por concepto de impuestos.  La baja recaudación fiscal también está asociada a la evasión fiscal. La evasión tributaria es un fenómeno complejo. No existen causas ni soluciones únicas, y la forma en que se presenta en cada sociedad tiene características completamente idiosincrásicas. En Guatemala el incumplimiento fiscal se ha convertido a través de los años en un problema estructural, con consecuencias económicas y sociales muy graves, persistiendo un núcleo duro de evasión amplio, que no parece reaccionar ante los numerosos intentos realizados por el Estado: mayor fiscalización, castigos más severos, campañas de concienciación fiscal o premios para incentivar el pago. Si bien no hay cifras precisas, se estima que más de 70% de la economía guatemalteca se encuentra en la informalidad. Como objetivo general se busca: determinar la razón por la cual la evasión de impuestos es una limitación importante para el desarrollo del estado; y como específicos: i- establecer la razón por la cual el ciudadano guatemalteco muestra resistencia al pago de sus impuestos; ii- establecer cuál es la debilidad del sistema impositivo en Guatemala que impide obtener una recaudación fiscal efectiva; y iii- determinar cuál es la causa del incumplimiento de los contribuyentes en Guatemala en el pago de sus obligaciones tributarias. A manera de conclusión se puede afirmar que el incremento presupuestario para programas de defensa y seguridad no  podría operar automáticamente por el sólo hecho de que aumenten los ingresos fiscales como consecuencia del fortalecimiento de las acciones de fomento de cultura tributaria en los ciudadanos guatemaltecos, sino que depende de la voluntad política de los gobernantes de turno.

I.            INTRODUCCION

Seguramente cuando las autoridades tributarias del país tabulan, cuantifican y conocen los montos provenientes de los ingresos fiscales, siempre se preguntarán sobre el porqué de la razón de los bajos niveles de recaudación. Uno de los factores determinantes de los bajos niveles de ingresos tributarios es la evasión tributaria, la cual está asociada a la desconfianza por el uso de los recursos públicos que hace el gobierno y, especialmente, de la pobre cultura tributaria del ciudadano guatemalteco.Es indiscutiblemente justificado que el Estado se provea de medios por el camino de los impuestos, de donde deriva la obligación de pagarlos  para la persona obligada  a ello.El artículo 135 inc. d) de la Constitución de la República de Guatemala “Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes: ... d) Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley".

En ese sentido, el problema a investigar es el siguiente: ¿De qué manera se puede mejorar la captación de ingresos fiscales para asegurar un efectivo y eficiente financiamiento al Estado para la ejecución de sus  programas de defensa y seguridad?;por lo que, la suposición fundamental que guiará nuestro proceso investigativo queda planteada así: “La manera de mejorar la captación de ingresos fiscales que garantice un efectivo financiamiento al Estado para la ejecución de sus programas de defensa y seguridad, es a través del  cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal y respeto a la ley".

En la  primera parte del trabajo se expone que en todas las economías del mundo,los Estados tienen la obligación de proveer a la sociedad un conjunto determinado de bienes y servicios públicos, y para cumplir con esta responsabilidad es necesario obtener niveles adecuados de ingresos fiscales, de donde deriva la necesidad de que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias.  Seguidamente se explican ampliamente los conceptos de cultura y moral tributaria para, finalmente, concluir con  un análisis sobre  el impacto que podría producir en los programas de seguridad y defensa un incremento en los ingresos fiscales. 

II.           Análisis de la Cultura Tributaria: un acercamiento a la “moral tributaria” y su impacto en el financiamiento del Estado y los programas de Defensa y Seguridad.

No hay nada que ledisguste más a las personas que intenten meterse con sus bolsillos. Todo tributo, por el hecho de ser gabela, tiene congénitamente inconvenientes y molestias (Díaz Vasconcellos, 1966).

En todas las economías del mundo, los Estados tienen la obligación de proveer a la sociedad un conjunto determinado de bienes y servicios públicos con el objeto de promover el bienestar económico, social, y a la redistribución de la riqueza. Para cumplir con estas responsabilidades, es necesario obtener niveles adecuados de ingresos fiscales. Por eso resulta crucial comprender mejor los múltiples inconvenientes que enfrentan los gobiernos al momento de recaudar impuestos de la población, un proceso arduo que en algunas economías suele derivar en tasas elevadas de incumplimiento e informalidad.

De acuerdo a investigaciones realizadas por el Centro de Investigaciones Económicas (CIEN) existen 4.9 millones de guatemaltecos en edad y capacidad de trabajar. Lo alarmante es que el 75% de los guatemaltecos que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) lo hacen desde el sector informal, posicionando a nuestro país en el primer lugar en Centroamérica.  El  33% del PIB podría ser, interpretando a los funcionarios del CIEN, la porción perteneciente a la economía informal, la cual, en su gran mayoría, no transfiere recursos al fisco por concepto de impuestos.

La situación de las finanzas públicas en Guatemala es complicada. Existen crecientes demandas y necesidades por parte de la población en distintos ámbitos, lo cual está acompañado de recursos escasos para poder atenderlas.  A esto debemos agregar que el Estado guatemalteco es poco eficaz en llevar a cabo sus funciones, entre las que se incluye el cobro de impuestos (ICEFI,2008).

La capacidad de recaudación tributaria se halla sujeta a variables de distinta naturaleza social, siendo una de ellas, a mi juicio la más importante, convencer a los ciudadanos de su obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado así como de la transparencia del manejo de los recursos públicos. 

Existe un consenso más o menos generalizado de que el Estado debe cumplir funciones protagónicas en la solución de algunos de los problemas urgentes de la sociedad, en especial en lo relativo a educación, salud, seguridad, defensa y justicia.  Sin embargo cuando se trata de implementar las políticas tendentes al fortalecimiento de estos servicios, se encuentra con que el problema central es la falta de recursos económicos para atender las necesidades del país. 

III.         Cultura Tributaria

La cultura tributaria se puede concebir como el conjunto de rasgos, creencias y modos de vida que adopta la sociedad en relación a la cancelación de los tributos.

Corredor y Díaz (2007) la consideran como: "...la conciencia o conocimiento de la norma, establecida constitucionalmente, que obliga a todos los individuos integrantes de la nación a contribuir, mediante el pago de tributos, en la satisfacción de las necesidades de la colectividad" .

Citando nuevamente a Corredor y Díaz (2007) la cultura tributaria también puede ser comprendida como: "... el conocimiento reflexivo del ser humano en cuanto a la bondad del pago de los tributos, lo que le lleva a cumplir natural y voluntariamente con sus obligaciones tributarias" .

Por tal motivo, la cultura tributaria implica una responsabilidad individual de los ciudadanos en cuanto al modo de concebir el pago de los tributos y su deber con la nación.  Se habla de individualidad en el sentido de que cada contribuyente asume una cultura tributaria propia,  es decir, que sobre la base de cierto comportamiento cultural, que caracteriza la sociedad, el individuo adquiere aquellos elementos que se adopten a sus intereses.

En Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria ha impulsado el Programa Permanente de Cultura Tributaria[1], que responde a una estrategia de largo plazo orientada al objetivo de hacer sostenible el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias con base en principios, valores y actitudes congruentes con el deber ciudadano de contribuir a que el Estado de Guatemala cumpla con sus fines constitucionales.

Este Programa se articuló en torno a tres ejes de trabajo: información, formación y concienciación, en tanto que sus proyectos y actividades se inscriben en tres esferas de proyección pública, interrelacionadas entre sí: la educación, la divulgación y la promoción de la participación social.Como reflejo de un concepto amplio de servicio al cliente, las acciones de Cultura Tributaria están dirigidas tanto al contribuyente actual como al futuro contribuyente (niños y jóvenes), al no contribuyente y, en general, a las personas, empresas e instituciones vinculadas directa o indirectamente con los procesos de recaudación tributaria en Guatemala.

La importancia de la cultura tributaria está en la propia persona quien es la que acepta  el sitio que le corresponde en la sociedad, por lo cual, desarrolla un sentido de solidaridad para con los demás.  Asimismo, el cumplimiento de esas obligaciones lleva inherente el derecho y la legitimidad que tienen todos los ciudadanos de exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones; sin embargo, hay que admitir que esta tarea es un proceso a largo plazo y que toma años alcanzar y desarrollar.

Adicionalmente,  se puede decir que con la cultura tributaria se pretende que los individuos de la sociedad tomen conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar al Estado y comunicar a esa colectividad que las razones fundamentales de la tributación son el proporcionar al Estado los medios necesarios para que éste cumpla con su función primaria como lo es la de garantizar a la ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes.  

IV.        Moral tributaria y evasión

Es importante considerar que el pago de los impuestos es impopular para cualquier estrato social y que la "moral tributaria" tiende a debilitarse ante la presencia de prácticas de corrupción en la administración pública.La moral tributaria ha sido desde un inicio un factor importante en la explicación de la evasión tributaria. Lamoral tributaria son normas sociales que ayudan a definir la conducta de los miembrosde la sociedad estableciendo que está "bien" y que está "mal" respecto a los impuestos,más allá de los prescrito en las leyes.

La mayoría de países de América Latina enfrentan importantes desafíos en materia fiscal y tributaria. La capacidad para recaudar y gastar eficaz y eficientemente los recursos públicos -es decir, la capacidad fiscal- se ha visto seriamente limitada desde la perspectiva del Estado, por barreras político-institucionales y factores de orden técnico.  Uno de los determinantes de los niveles relativamente bajos de ingresos tributarios directos en América Latina es la evasión tributaria.  Así, mientras que en los países como en Guatemala la evasión de los impuestos sobre la renta se acerca al 70% y en Ecuador supera ampliamente 50%, en Francia y Gran Bretaña apenas alcanza 25% (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010).

Si bien el cumplimiento fiscal es un deber ciudadano y así suele ser entendido en las economías modernas por la mayoría de los individuos, el comportamiento frente al sistema tributario no siempre responde a lo que impone la norma, derivando en lo que habitualmente se denomina "evasión". Una de las cuestiones que se plantean cuando se explora la evasión en los países con niveles sustanciales de incumplimiento tributario, es cuál es el grado de moral tributaria en esa sociedad, surgiendo preguntas como: ¿la evasión fiscal ocurre por la ausencia de moral tributaria, es decir, por la carencia de normas o valores aceptados socialmente que establezcan que el no pago es algo incorrecto? ¿O el incumplimiento fiscal ocurre a pesar de la existencia de una moral tributaria?

La evasión tributaria es un fenómeno complejo. No existen causas ni soluciones únicas, y si bien diversas teorías generales intentan abordarla, la forma en que se presenta en cada sociedad tiene características completamente idiosincrásicas. En Guatemala el incumplimiento fiscal se ha convertido a través de los años en un problema estructural, con consecuencias económicas y sociales muy graves, persistiendo un núcleo duro de evasión amplio, que no parece reaccionar ante los numerosos intentos realizados por el Estado: mayor fiscalización, castigos más severos, campañas de concienciación fiscal o premios para incentivar el pago. Si bien no hay cifras precisas, se estima que más de 70% de la economía guatemalteca se encuentra en la informalidad.

Pero aunque la evasión fiscal responde a causas múltiples, un factor determinante y al mismo tiempo escasamente explorado, es la moral del contribuyente; es decir, como inciden los valores sociales, normativos o éticos de las personas en la decisión de pagar o evadir los tributos que le corresponden. En ese sentido las  conductas y actitudes morales pueden fortalecer o deslegitimizar los procesos democráticos. La cultura y los valores tienen un peso decisivo en el desarrollo. Las sociedades que cultivan valores que favorecen el pacto social y los reflejan en los sistemas fiscales mejorando los servicios (i.e. salud, educación, seguridad) facilitan su progreso económico, tecnológico y su competitividad.

Pero si los valores dominantes no consiguen luchar contra fenómenos como la evasión y el fraude fiscal, lo único que puede esperarse es que se debilite el tejido social y se produzcan hasta retrocesos en la cohesión social[2]que derivan en problemas estructurales más complejos.Es innegable que existe un círculo vicioso en la legitimidad fiscal del Estado: si su capacidad económica es baja debido al potencial fiscal erosionado por la evasión, éste no está en condiciones de ofrecer los bienes y servicios públicos que la sociedad demanda.Además, la limitada capacidad de la institucionalidad pública,es agravada en ciertas ocasiones por comportamientos inmorales públicos, lo cual dificulta que los ciudadanos se vean comprometidos en el sostenimiento fiscal del Estado.

Las características de la relación entre el Estado y los ciudadanos, definen gran parte del comportamiento fiscal. Los protagonistas de la relación tributaria (contribuyente y autoridad fiscal) opinan sobre la moral del otro y se califican a sí mismos como éticamente morales o inmorales de acuerdo a parámetros y principios fundamentales. El pago de impuestos depende no solo del ingreso neto esperado, sino también de variables cualitativas e intangibles como: los factores socio-demográficos, el  conocimiento del sistema tributario, los valores personales y ciudadanos, el sentido de pertenencia, la percepción de la reciprocidad, la solidaridad, entre otros.

Para asegurar el bienestar colectivo mediante la satisfacción de las demandas sociales, el Estado decide qué bienes y servicios públicos suministrar a los ciudadanos, y cómo distribuir entre ellos el coste de los bienes y servicios prestados. Esta relación o "contrato social" establece vínculos de reciprocidad entre el Estado y sus ciudadanos conformando el pacto fiscal entendido como el acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado y el ámbito y alcance de sus responsabilidades en la esfera económica y social. Un pacto social implica la creación de una estructura organizada en la comunidad y determina como contraparte quienes son los que soportan el costo de financiarla. Sin embargo, cuandose produce una ruptura del contrato social por el mal uso o destino de los recursos públicos, se produce un mayor incumplimiento fiscal como una manera de ajustar cuentas. No obstante, la relación Estado-ciudadano va más allá de un simple contrato de contraprestaciones; se concreta en lo fiscal, como canal para alcanzar la justicia distributiva en la que los ciudadanos perciben el pago de impuestos de acuerdo a sus valores morales, como una contribución al bien común y actúan honestamente al aportar su contraparte, incluso si no reciben los bienes y servicios esperados por su contribución.

Al observar, a través de datos de percepción, los niveles de moral tributaria en diferentes regiones del mundo, se constata que pese a existir un alto apoyo generalizado hacia el pago de impuestos, los más bajos niveles de moral tributaria se registran en América Latina (84.9%), la región más desigual del planeta, mientras que los países de la OCDE[3]presentan los niveles más altos de moral tributaria (88.4%).

Es particularmente alarmante el caso de algunos países de América Central, como Honduras, Guatemala y El Salvador en los cuales el rechazo completo a la evasión fiscal ha perdido apoyo en más de 60% de personas encuestadas en el curso de diez años.

El deterioro de la moral tributaria en América Latina contrasta con la fuerte expansión económica registrada a principios de siglo.  Crecimos pero siguen subsistiendo enormes déficits sociales.  Queda, por consiguiente, una vez más confirmada la imperiosa necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para recaudar y gastar eficaz y eficientemente los recursos públicos.  

V.          La ley del 80/20 en el pago de las obligaciones tributarias

Tal como quedó acotado anteriormente, el 75% de los guatemaltecos que forman parte de la población económicamente activa, lo hacen desde la economía informal; es decir, que en números aproximados es un veinte por ciento de la población económicamente activa la que cumple con sus obligaciones tributarias, mientras que el ochenta por ciento restante no pagan impuestos pero son demandantes de toda clase de servicios públicos.  La ley del 80/20 se sigue cumpliendo.

La ley del 80/20 es una regla determinada por Pareto basada en observaciones empíricas de la sociedad italiana de la época. Pareto se percató que el 20% de la población poseía el 80% de las riquezas, y comenzó a extrapolar esta relación a otros ámbitos: el 20% de las empresas generan el 80% de los beneficios, el 20% de los trabajadores generan el 80% del trabajo, etc.

En la actualidad la Ley de Pareto cuenta con multitud de aplicaciones en entornos tan dispares como pueden ser por ejemplo, el pago de impuestos y muchos otros campos, con la finalidad de mejorar la eficiencia, basándose en el principio que el 20% de los esfuerzos generan el 80% de los resultados.

Esta ley de la maximización de los mínimos esfuerzos también tiene vigencia y aplicación en el plano de los tributos ya que la totalidad de la recaudación tributaria en nuestro medio proviene  del veinte por ciento de la población económicamente activa, que es la que en realidad sostiene con su contribución la ejecución de los programas sociales y la prestación de servicios públicos.  En otro orden de ideas, el veinte por ciento de los contribuyentes subvenciona los servicios públicos al ochenta por ciento restante de la población quien no paga pero si demanda y utiliza los servicios de salud, educación, seguridad, infraestructura vial etc. 

VI.        Impacto por incremento en los ingresos fiscales

Con la cultura tributaria se pretende que los individuos de la sociedad involucrados en el proceso, tomen conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar al Estado y comunicar a esa colectividad que las razones fundamentales de la tributación son el proporcionar a el país los medios necesarios para que éste cumpla con su función primaria como lo es la de garantizar a la ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes; así lo establece el artículo 135 inc. d) de la Constitución de la República de Guatemala “Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes: ... d) Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley".

Ahora bien, que impacto podría producir un incremento sustancial en los ingresos fiscales vía recaudación en el financiamiento del Estado para la ejecución de sus programas de defensa y seguridad. Naturalmente que aumentar el nivel de cumplimiento tributario y reducir la evasión tributaria es el objetivo de mayor impacto en cuanto a resultados sustantivos, y se relaciona con las acciones que se realizan para lograr una mejora en el nivel de cumplimiento tributario de los contribuyentes y por ende una reducción de la evasión tributaria, buscando obtener la mayor recaudación posible a partir de lograr que quienes están obligados, paguen los impuestos que les corresponden; y de hecho, una concientización en los ciudadanos que los lleve al convencimiento de que sus impuestos serán correcta y apropiadamente invertidos de manera transparente,acompañado de un plan sistemático de erradicación de la corrupción en todos sus órdenes, daría como resultado un sustancial incremento de los ingresos fiscales que vendría a aliviar el problema de la falta de recursos económicos del Estado para atender las necesidades del país. Sin embargo, la pregunta obligada es ¿qué cantidad de esos recursos se utilizarían para programas de seguridad y defensa del país?

La respuesta a esta interrogante impone la necesidad de revisar lo que al respecto recogen los Acuerdos de Paz firmados en el año de mil novecientos noventa y seis como consecuencia de la terminación del enfrentamiento armado interno.

De los Acuerdos de Paz y especialmente del "Acuerdo sobre Fortalecimiento de Poder Civil y papel del Ejército en una Sociedad Democrática" se ha derivado actuaciones para definir las funciones del ejército pero no se ha logrado limitarlas a la defensa externa, como señalan los acuerdos mencionados, pues al no haberse materializado el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, los cambios de fondo carecen de sustento legal. Así, desde 1996, la Política de Defensa no se modificó sustancialmente, aunque si se implementaron cambios en la composición de las fuerzas y su despliegue, que no dejan de tener importancia, pero que pertenecen al ámbito de la Política Militar propiamente dicha.

Así, en 1995 se desmovilizó a los Comisionados Militares y a las Patrullas de Autodefensa Civil y se suprimió la Guardia de Hacienda. También se procedió a la reducción de efectivos en un 33% lo que afectó únicamente a los elementos de tropa y un reducido número de especialistas por contrato (medida que generó una absoluta disfuncionalidad en la estructura del mando), el cierre de algunas instalaciones y la reducción del presupuesto a un 0.6% del PIB  que dicho sea de paso  no se realizó más que en el año 1998 y no se mantuvo pues en los años subsiguientes se ha venido percibiendo un 0.33% del PIB.

Desde este panorama, y dado que el presupuesto como instrumento de planificación financiera del gobierno que contiene las asignaciones dinerarias para cada uno de los Ministerios, es el Presidente de la República quien, en su proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado debe tomar la iniciativa de incrementar el renglón presupuestaría para los programas de seguridad y defensa del Estado o, por lo menos, mantener el 0.6% del PIB, y luego enviarlo al Congreso de la República para que éste, finalmente, lo apruebe, modifique o impruebe (arto. 171 de la Constitución de la República de Guatemala).  Es decir, que el incremento presupuestario para programas de defensa y seguridad no puede operar automáticamente por el sólo hecho de que el caudal de ingresos fiscales se vea incrementado como consecuencia del fortalecimiento de las acciones de fomento de cultura tributaria en los ciudadanos guatemaltecos.

VII.      CONCLUSIONES

A.         La cultura tributaria la entendemos como un conjunto de valores, conocimientos y actitudes compartidos por los miembros de una sociedad respecto a la tributación y la observancia de las leyes que la rigen, lo cual se traduce en una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social, tanto de los contribuyentes, como de los funcionarios de las diferentes administraciones tributarias.

B.         La obligación del ciudadano de contribuir a los gastos del Estado no es una simple recomendación o sugerencia, sino una obligación de carácter constitucional.

C.        La evasión tributaria esun factor importante que merma significativamente los ingresos del Estado.

D.        Cuando los impuestos son mal utilizados o se emplean en áreas que no le reportan ninguna clase de utilidad se produce una resistencia del contribuyente en el pago de los tributos.

E.        La cultura tributaria se puede considerar como un pilar indispensable para el fortalecimiento del sistema tributario del país, lo cual se traduciría en un aumento en los ingresos fiscales para el Estado.En ese sentido, el medio ideal para fortalecer las interacciones entre los contribuyentes y la cultura tributaria, es el fomento de procedimientos que le permitan a los individuos cambiar la idea errónea en relación al sistema tributario del país.

F.         Un incremento sustancial en los ingresos fiscales no necesariamente representaría una mejora en el presupuesto asignado a los programas de seguridad y defensa, ya que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado es elaborado por el Ejecutivo y aprobado, modificado o improbado por el Congreso de la República de Guatemala.  Es decir, que el incremento a los gastos para programas de seguridad y defensa no varían en forma directamente proporcional al incremento de los ingresos fiscales sino más bien dependen de las políticas del gobierno de turno.

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[1]En febrero de 2005, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio inicio a un programa integral para la formación de la cultura tributaria, el cual ahora constituye una de las 10 orientaciones estratégicas de la SAT para el período 2008 – 2011, en el marco del Plan Estratégico Institucional denominado “Fácil y Cabal”. En esa línea, durante 2008 han venido realizándose diversas acciones en los campos de la divulgación, la educación y la promoción de la Cultura Tributaria.

[2]La cohesión social designa, en sociología, el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común (no como hemos conocido en nuestro medio los programas sociales).

[3]Siglas de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette, en la ciudad de París, Francia. Los idiomas oficiales de la organización son el francés y el inglés.

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LA VIDA LOCA: LAS MARAS UN FENOMENO ANTISOCIAL

Las Maras es un fenómeno antisocial que se ha propagado en casi todos los países de Centroamérica.  Honduras, El Salvador y Guatemala son países que han sido gravemente afectados por la presencia de estos grupos  que no solamente operan como delincuentes comunes sino que ahora se les asocia con el  narcotráfico y el crimen organizado.

Lo que caracteriza a las maras es el uso abierto de la violencia, su convivencia permanente con el delito, el consumo de drogas y el aumento constante en la adquisición y uso de armas. En un principio la actividad de estos grupos delicuenciales se focalizó en la defensa de sus barrios para impedir la invasión de otros grupos vecinos con la intensión de apoderarse de su territorio, pero pronto se convirtieron en brazo efectivo del  narcotráfico, tráfico de armas, homicidios y otras actividades delictivas.

En sus barrios habitan con un estilo de “vida loca”, que es la manera como los jóvenes definen su forma de vida, sin importarles el futuro, solamente el presente, proclamando el lema “Por mi madre vivo, y por el barrio muero”; sus tatuajes y las marcas en sus cuerpos de han convertido en una forma de demostrar su pertenencia al grupo con el que conviven o se relacionan,  y con el cual mantienen lazos de fraternidad; asimismo, sus tatuajes reflejan la historia del individuo que los porta.   Además de identificarse con tatuajes, utilizan una forma de código gestual que también denota pertenencia.  El consumo de drogas y alcohol es cotidiano.

Tienen y mantienen sus reglas de grupo y una de ellas es la prohibición de relacionarse con alguien de la mara enemiga y la obligación de participar en toda clase de pelea en la que la mara se involucre. Cuando se ingresa a la “Mara”, se ingresa para toda la vida y no está permitido el abandono de la misma  porque es considerado como una deserción. Son agrupaciones estrictamente jerárquicas; los cabecillas son, por lo general, quienes han demostrado mayor sangre fría  en la práctica de los delitos, o quienes poseen una mayor capacidad de liderazgo.

El problema de las maras se origina en problemas netamente sociales, como la pobreza, la inseguridad y la desigualdad y las precarias condiciones de vida, entre otros, los cuales derivan en buscar salidas y escapar, en cierta forma, de la miseria social a la que llevan sometidos una vida entera.

La marginación social, entendida como la separación efectiva de una persona respecto al trato social, así como la falta de adaptación, son fenómenos psico-sociales que contribuyen a acelerar  la propagación  de estos grupos, pues la misma sociedad, al no poder atender y contrarrestar apropiadamente las fuentes de donde se proveen de miembros, que en su mayoría están asociadas al debilitamiento de la familia, a la falta de acceso a oportunidades de trabajo y a la cultura de violencia doméstica, participa  indirectamente a la formación de estos grupos antisociales, pues los adultos no tienen trabajo, los niños con frecuencia no asisten a la escuela, no tienen control de ellos ni en sus casas ni en los centros educativos, no hay canchas deportivas suficientes, bibliotecas, cafés o espacios donde los jóvenes puedan reunirse para actividades positivas, y sólo les queda el “barrio” o la “esquina” en donde siempre habrá alguien esperando por ellos para incorporarlos a su grupo, del que ya no podrán escapar.

Acciones del Ejército en materia de comunicación social

Es un contrasentido que cuando se estudia el arte de la guerra se aprende a posicionar al ejército frente al enemigo, y al terminar el enfrentamiento la mayor preocupación reside en buscar la forma de posicionar al ejército frente a la misma sociedad que ha defendido. Durante el tiempo que dura el conflicto hasta su conclusión, el ejército es visto como el  héroe salvador; sin embargo, después de concluido el conflicto y de haber defendido la seguridad interna o externa del país y su soberanía, es visto como villano, y se convierte en blanco de las más mordaces y severas críticas por parte de algunos sectores de la sociedad a la que ha protegido.  Creo que ninguna justicia hay en esa forma ambivalente de juzgar las acciones de las personas y de las instituciones.

Luego de la terminación del enfrentamiento armado y de la firma de los Acuerdos de Paz,  el Ejército de Guatemala  ha sido señalado como violador de los derechos humanos y de ser el responsable de las grandes calamidades y tragedias sufridas por el pueblo, pero poco o nada se habla  de los hechos cometidos por la insurgencia durante dicho conflicto.

El hecho es, que con posterioridad a la terminación del enfrentamiento armado la imagen del Ejército de Guatemala, por no haber sido apropiadamente defendido en las mesas de las negociones que dieron como resultado la firma de los referidos Acuerdos de Paz,  quedó muy mal parada y a pesar los denodados esfuerzos realizados en beneficio del restablecimiento de su imagen, no se han obtenido los resultados esperados.

De esa cuenta, la institución armada debe desarrollar toda una política para mejorar su imagen. Como parte de una campaña de mejoramiento de la imagen institucional, el Ejército debe fortalecer los vínculos  con la comunidad a fin de contribuir a acrecentar la imagen institucional y mantener una comunicación veraz con el público por medio de un programa sostenido de divulgación social a través de diferentes medios de comunicación, como radio, prensa, televisión y cualquier otra que le acerque a la población. 

A pesar que uno de los objetivos del Departamento de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional es  el de promover un acercamiento con los medios de comunicación social, nacionales e internaciones, para intercambiar profesionalmente la información del Ejército de Guatemala, tal objetivo no ha sido conseguido porque los resultados no son palpables. Es más, la posición del Ejército de Guatemala ha llegado a ser hasta pasiva en este sentido, aún cuando tiene importantes programas que puede divulgar y del papel activo y protagonista que a diario desarrolla en el seno de la sociedad.

Es importante evaluar que las guerras del futuro se fundamentarán por la lucha sobre el control de los espacios económicos y recursos naturales escasos, haciendo necesario prepararnos efectivamente para este tipo de contingencias, en defensa de los intereses primarios del país. Tampoco se debe descartar, que algunas de las amenazas emergentes o no tradicionales, de efecto transnacional, puedan derivar en crisis o conflictos de diversa índole e intensidad que, originados en el plano interno de un país, afecten la seguridad regional o internacional. Lo anteriormente expuesto, sumado a que cuando estas amenazas aparecen, o peor aún se instalan, en los diferentes escenarios, su efecto exige un conjunto de respuestas firmes, activas y flexibles por parte del concierto o de naciones, lo que hace necesaria una muy estrecha cooperación entre Estados para disminuir o neutralizar en la medida de lo posible los efectos negativos que éstas puedan causar sobre dichos Estados. Todo lo expuesto, provocará crisis y tensiones de diversa índole y magnitud en los próximos años y los escenarios resultantes sea cual sea el nivel en que se consideren, obligarán a la construcción, diseño u organización de un nuevo Sistema de Seguridad que aceptado por todos o por la mayoría, permita a los Estados percibir que se encuentran a resguardo de eventuales presiones, amenazas o coerciones políticas o económicas, para buscar sin interferencias el camino que los conduzca al mantenimiento de la paz, de la convivencia y de la tolerancia.

En ese sentido, la presencia del Ejército es más que justificada.  Sin embargo, ello no es suficiente sino se emprende una campaña de divulgación masiva mediante la cual el Ejército de Guatemala se proyecte a la sociedad de manera sostenida con el objeto de fortalecer los vínculos  con la comunidad, para acrecentar su imagen institucional y mantener una comunicación veraz con el público a través de diferentes medios de comunicación, como radio, prensa, televisión y cualquier otro medio que le acerque a la población.

RESUMEN DE LA TESIS DE MIGUEL ANGEL ASTURIAS

Sociología Guatemalteca: el problema social del indio.

En este libro se  aborda la problemática del indígena desde el punto de vista  de un ladino. El autor hace una reseña histórica del problema indígena y describe en un lenguaje muy florido  que su origen se remonta desde  la época de la colonia a la fecha. Describe la sociedad guatemalteca como nación formada por diferentes civilizaciones, con diferentes dialectos, costumbres y aspiraciones en donde pocos eran ricos y muchos era pobres. Aclara, asimismo,  que la nacionalidad es formada por la lengua, la tradición, las costumbres y la unidad política y existiendo el indio es una civilización pasada y ladino una civilización que viene, pero que los primeros siendo la mayoría habían perdido su vigor y que no se interesaba por nada mientras que el ladino tenia aspiraciones, por lo que Guatemala tenía dos terceras partes muertas.

Identifica los lugares de desarrollo del indio en tres épocas:

a)  Época prehispánica: Aquí  la organización política de los indios era muy buena, la familia era todo lo contrario a los modelos que se conocían en esa época ya que solo se aprovechaba de la mujer pasa saciar sus instintos y que tenía tantas como podía el tener. El hombre se encargaba del trabajo fuerte mientras la mujer de atender a los hijos y de  los oficios de la casa, las fiestas eran de carácter religioso y gozaban de paz y abundancia, se caracterizaban por el desarrollo de las actividades industriales, intelectuales y morales.

b) Época Colonial:  la crueldad fue una nota característica de la conquista, y con posterioridad se les sometió a la esclavitud, y fueron  tratados como animales salvajes. Fueron invadidos en su visión cosmogónica religiosa y los españoles, en nombre de un dios que los indios desconocían, les derribaron altares, sus ídolos y templos. Los españoles cometieron el error de pretender que la inteligencia rudimentaria del indio cambiaria de la noche a la mañana, y asimilara una civilización de un pueblo  que en aquella época era la más adelantada de Europa. El período colonial representa para el indio el desgaste de sus fuerzas materiales, morales e intelectuales, en ese esfuerzo de adaptación que realizó para asimilar las costumbres que se le imponían;

c) Época de la independencia en adelante: Fue una independencia de la minoría para la mayoría.  El indio era una persona sin ideales y no podía percibir lo acontecido a su alrededor en ese momento, y para él solo representó un cambio de amo, pues continuo siendo esclavo y una persona miserable.

En cuanto al cuadro morfológico y fisonomía del indio, en su obra lo describe como alguien de piel áspera y color cobrizo, con abundante secreción sebácea, de cabello firme color negro-espinudo, de bigote rígido, grueso y escaso, color de los ojos negro y castaño obscuro, de fisonomía fea, nariz y boca ancha, los labios gruesos y comisuras hacia abajo, los pómulos salientes, frente estrecha, orejas grandes y de estatura corta, muy poco sensible, de comprensión muy lenta y es terco, que es hábil para la arquitectura y el dibujo. Las mujeres no eran muy diferentes de los hombre solo hace notar que la piel era fina, de ojos hermosos, cabello abundante, manos y pies pequeños.

Su producción consistía principalmente en cultivo del maíz y frijol, las industrias eran rudimentarias y se concretaban a la fabricación huipiles, petates, escobas, alfarería, juguetes de barro, fajas, ceñidores, etc. Eran  muy fecundos; la mortalidad infantil era excesiva y eran faltos de higiene lo que facilitaba la propagación de las enfermedades.

El alcoholismo contribuyó en alto grado  a degenerar al indígena, otro aspecto era la mala alimentación. Vivian en viviendas sucias, conservan el cuerpo sucio, trabajan de diez a once horas diarias, que bebían enormes cantidades de aguardiente.

Describe al indio como un sociópata. La sociopatía es un trastorno de personalidad antisocial, las personas que la padecen rehuyen a las normas preestablecidas y no saben o no pueden adaptarse a ellas; puede ser de índole genético, pero también el entorno de la personas tiene mucha importancia en su posterior desarrollo.

El indio -comenta Miguel Angel Asturas- es el prototipo del hombre anti-higiénico. Proponía que para mejorar al indio, en sus condiciones de vida, se le debía hacer   propietario de pequeñas parcelas, obligarlo al cultivo de nuevos productos, obligarlo hablar español, procurar que se calzara y vistiera como ladinos, alfabetizarlo y desterrar de su vida el vicio del alcohol; y que para retardar la degeneración de las clases indígenas se debía evitar los casamientos prematuros y evitar el trabajo excesivo.

Para destruir el mal propuso la inmigración,  ya que la raza indígena estaba en decadencia a través de incontables generaciones que giraban alrededor de un mismo círculo; para lo cual  hacía falta sangre nueva, corrientes renovadoras de vida, citando como ejemplo el cruce entre alemán e india naciendo hijos robustos, bien dotados y de aspecto físico no se podía pedir más. Propuso como una necesidad para corregir el mal, buscar razas con otras características o rasgos morfológicos, como por ejemplo, ser de ochenta y dos grados de ángulo facial, raza blanca, con sentimientos de desinterés y ahorro, sólida base moral, amor por el campo, honestidad, dulzura y costumbres arraigadas al trabajo y honor; pudiéndose encontrar esas características en Suiza, Bélgica, Holanda, Baviera, Wutemberg y el Tirol.

¿PORQUE ESCOGI UN ARMA?

Resumen del conversatorio del Ministro de la Defensa de Holanda

General  Peter Van Uhm

El TEDxAnmsterdam fue el escenario del conversatorio dictado por el General Peter Van Uhm sobre el tema "Porque escogí un arma", el cual fue presenciado por un nutrido público que muy atentamente escuchó dicha disertación.  El tema abordado por el General Van Uhm lleva implícito una serie de mensajes de suma importancia tendientes al fortalecimiento de  la convivencia y la tolerancia en las naciones hoy en día.  Parte del mensaje es, que las personas pueden influenciar su entorno con los instrumentos utilizados en el ejercicio de su profesión y oficio.  En ese sentido, los poetas o escritores pueden utilizar la pluma como instrumento para proyectar sus pensamientos y sus ideales a la sociedad, otros, a su vez, pueden elegir el dinero como medio para influenciar su sociedad y, porque no decirlo, pueden utilizar de la misma manera el derecho o la economía.  Es decir, que nosotros elegimos los instrumentos con los cuales queremos contribuir a la  la misión de construir un mundo mejor.

En muchos países las armas no son necesarias porque viven dentro de una cultura en la que se respetan los valores,  principios y el derecho de los demás, es decir, se respetan opiniones, puntos de vista e, incluso, ideologías,  mientras que en  otros, las personas hacen frente a las armas porque están oprimidos por gente que vive de los conflictos, por terroristas o por criminales, o que usan las armas porque desean acceder al poder mediante el uso de la fuerza y la violencia.  El uso de las armas no es únicamente disparar, matar o destruir sino proteger a los vulnerables y defender la libertad y los valores democráticos.  En otro orden de ideas, las armas deben ser instrumento de paz y estabilidad, y un importante disuasivo frente  aquellos que  atenten  contra  la vida y la libertad de las personas.  El principal mensaje es, que debemos fortalecer el Estado de Derecho porque sin Estado de Derecho no puede existir democracia.  Debemos tener presente que un Estado de Derecho no surge ni  se origina por generación espontánea ni depende solo de la voluntad o decisión de algún actor político en particular.  Su construcción es un proceso que involucra a todos los ciudadanos y  actores políticos relevantes.  El Estado de Derecho es un patrimonio común que debe ser creado, protegido y consolidado responsablemente por todos los actores políticos.  Las fuerzas armadas deben materializar el monopolio estatal de la violencia y de la fuerza porque de lo contrario se corre el riesgo de caer  en un estado fallido.  Debemos luchar por el mantenimiento de la paz en nuestros países y para que el monopolio de la fuerza descanse siempre en poder del Estado, y evitar ser arrastrados al caos y al conflicto propios de un estado fallido.  El interés por buscar una paz duradera debe trascender fronteras y debemos ser parte de la construcción de un mundo mejor, y tener presente que la paz y la estabilidad no son gratis sino que deben construirse.

ANALISIS DE PROPUESTAS AL SISTEMA JUDICIAL

RESUMEN

El Plan de Gobierno es el documento en donde se plasma la propuesta de gobierno que un partido  tiene para el país  que pretende gobernar durante un periodo legalmente establecido. Es decir, los programas, subprogramas, proyectos y metas por alcanzar. Un Plan de Gobierno permite a los ciudadanos evaluar, comparativamente, las distintas propuestas que presentan las agrupaciones políticas en campaña, para optar por el que mejor responda a la problemática y necesidades de su comunidad. Disminuye, en consecuencia,  los riesgos de un futuro gobierno improvisado o sin propuestas y capacidades para solucionar los problemas existentes en su País. Asimismo, facilita la vigilancia ciudadana en el cumplimiento del Plan de Gobierno.

En este documento se presenta el análisis del eje del plan de gobierno elaborado por el Partido Patriota, relativo al fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala. Sabido es  que el sistema político actual requiere de cambios profundos para lograr un sistema verdaderamente democrático. De esa cuenta, conviene analizar si  el plan de acción del partido político de turno  gira en torno a  propuestas políticas serias  medibles en términos de la razonabilidad y  ante todo si está ajustado a la realidad.

De ahí la necesidad de realizar un estudio medular sobre las propuestas que contiene el referido plan de acción a fin de establecer si son propuestas serias  que coadyuven a la solución de la problemática del sector o justicia y sus repercusiones, o si, por el contrario, son simplemente promesas políticas propias de una campaña electoral.
 

INTRODUCCIÓN

La propuesta de trabajo del Partido Patriota (PP), se enfoca en cinco ejes: Seguridad democrática y justicia, desarrollo económico, desarrollo rural, salud y seguridad alimentaria; y educación.

1. Seguridad democrática y justicia: El eje prioritario de este punto busca solucionar de raíz la crisis estructural de seguridad y justicia que atraviesa el país; ejecutar un plan emergente de seguridad que en corto plazo revierta el escenario de inseguridad; crear un sistema nacional de seguridad que recupere y fortalezca las capacidades del Estado.

2. Desarrollo económico: Pretende lograr un crecimiento con equidad y calidad de la economía guatemalteca, en forma sostenida y dinámica, que permita ofrecer mayores oportunidades de empleo para la población. Los ejes de acción son: seguridad ciudadana, certeza jurídica, impulso a exportaciones no tradicionales, manejo del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos; estrategia nacional de turismo, infraestructura, financiamiento para la adquisición de vivienda y capacitación para incrementar la productividad.

3. Desarrollo rural: Avanzar con dinamismo hacia el alcance de las condiciones de una vida digna para los guatemaltecos que viven en las zonas rurales cerrando la brecha entre los indicadores sociales de la población urbana y rural. Entre las acciones estratégicas están planificación territorial, combate a la inequidad, y el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa rurales.

4. Salud y Seguridad alimentaria: Responder a las necesidades de la población; ofrecer una mejor vigilancia y control de la salud; mejorar las condiciones de vida; disminuir los factores de riesgo y los daños a la salud bajo los objetivos estratégicos: modernización institucional; creación del sistema nacional de salud; participación social y autocuidado, salud preventiva, extensión de cobertura y fortalecimiento, rediseño y ampliación de programas de salud.

5. Educación: Cobertura total de la educación primaria en todo el país; normalizar y mejorar los controles y supervisión a los establecimientos privados; modernizar y descentralizar la gestión educativa; mejorar la calidad de la educación; dignificar la profesión docente; fortalecer la equidad educativa; erradicar el analfabetismo en todo el país; y regionalizar la administración educativa con criterio etnolingüístico.

Con preocupación debo señalar que durante los últimos años, en el desarrollo de la función pública guatemalteca se ha percibido claramente la influencia de las acciones del crimen organizado y del narcotráfico que unidas a la debilitada institucionalidad del sistema de justicia y seguridad han permitido que los niveles de criminalidad, de violencia y de impunidad prevalezca sobre cualquier esfuerzo de control y reducción.  Asimismo, el crecimiento exponencial de casos en los Tribunales ha contribuido a que los trámites de los procesos sean lentos y prolongados, dando como resultado un alto índice de morosidad judicial, todo lo cual se ha traducido en pérdida de credibilidad en el sistema de justicia guatemalteco.

El problema se agrava cuando los engranajes del Estado dejan de funcionar adecuadamente y  los Organismos de Estado  abandonan la visión de búsqueda  del bien común y olvidan que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Cuando el ejecutivo deja de cumplir sus obligaciones constitucionales de  entregar oportunamente las asignaciones presupuestarias al Organismo Judicial, los planes y programan para el desarrollo institucional de la justicia se trastornan dando como resultado una prestación precaria del servicio.

En ese sentido, la inclusión en el plan de gobierno del partido político de turno de propuestas relacionadas con el fortalecimiento de la justicia y el compromiso del Señor Presidente de respetar la independencia judicial y de trasladar oportunamente las asignaciones presupuestarias para el Organismo Judicial, no solo es alentador sino que trae consigo la esperanza de poder construir un sistema de justicia sólido que responda a las necesidades y requerimientos de los habitantes de la nación.

El presente trabajo no pretende agotar la totalidad de puntos que incluye la propuesta para el sector justicia, pero si abordará los principales problemas y sus repercusiones, con la esperanza de sentar las bases para futuros trabajos de investigación en ese sentido.

Por necesidad metodológica se requiere precisar con la mayor exactitud posible cuál es el problema en especial que será objeto de la investigación y ello nos permite el uso de la técnica para definir un problema que consiste en hacer la delimitación y especificación del mismo.

Bajo tal concepción, la problemática de la presente investigación, se centra en el análisis crítico de las propuestas formuladas en el plan de gobierno del Partido Patriota en torno a los problemas que hoy en día enfrenta el sector justicia, por lo que  el problema a investigar es el siguiente:

¿QUÉ ACCIONES DEBEN TOMARSE PARA FORTALECER EL SISTEMA DE JUSTICIA EN GUATEMALA DE ACUERDO A LAS PROPUETAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE GOBIERNO ELABORADO POR EL PARTIDO PATRIOTA?

La definición del problema a investigar nos conduce a formular la siguiente hipótesis:

“EL PARTIDO POLITICO DE GOBIERNO DEBE TOMAR ACCIONES CONCRETAS  QUE, SIN INTERFERIR EN LA INDEPENDENCIA DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO, COADYUVEN A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS PRESUPUESTARIOS, DE SEGURIDAD Y  ESTRUCTURALES DEL ORGANISMO JUDICIAL”.

OBJETIVO GENERAL:

Elaborar un estudio que analice las propuestas para el fortalecimiento de la justicia en Guatemala, contenidas en el plan de acción del Partido Patriota.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a)    Examinar la posibilidad de implementación de las propuestas sugeridas en el plan de gobierno para el sistema judicial;

b)    Identificar los obstáculos que deben superarse para la implementación de las acciones del plan de gobierno en el tema de fortalecimiento del sistema judicial.

CONTENIDO

Uno de los ejes y propósitos que incluye la agenda del cambio impulsada por el Partido Patriota es la  Seguridad Democrática y Justicia, el cual se ejecutará desarrollando cinco estrategias integrales que son, a saber: a) La protección de la vida y la propiedad; b) la neutralización al crimen organizado, maras y delincuencia común; c) el fortalecimiento institucional; la coordinación e integración de la cooperación internacional en apoyo a la seguridad democrática, y d) el fortalecimiento al sistema de justicia.

La crisis económica financiera mundial que afecta nuestra economía y nuestra sociedad, la crisis de gobernabilidad pública, a las que se suman las de la administración de servicios de seguridad ciudadana y justicia; las precarias condiciones socio-económicas en que vive más de la mitad de la población, cuya situación se ve agravada por el desempleo, la criminalidad común y la violencia generada por el narcotráfico y el crimen organizado, plantean un escenario ideal para generar cambios profundos en la forma en que la administración pública provee servicios a la ciudadanía. La pérdida de credibilidad conlleva irrespeto a instituciones públicas e inobservancia a las leyes establecidas, lo cual conduce a un estado de ingobernabilidad y desenfreno social. Dentro de este marco existe una ventana de oportunidad para el rescate de la institucionalidad y el Estado de Derecho, y es mediante la toma de decisiones estratégicas que ataquen estos puntos neurálgicos dentro de la gestión pública, tales como: 1. Lentitud de respuesta; 2. Mala calidad de los servicios; 3. Indiferencia a las necesidades y demandas de los usuarios; 4. Derroche de recursos públicos; y 5. Negligencia y corrupción.

El artículo 2º de la Constitución Política de Guatemala, constituye el punto de partida o fundamento para llevar a cabo una revisión profunda al sistema judicial porque es al Estado a quien corresponde el deber de garantizar justicia y seguridad a los habitantes del país. Es por ello que compartimos la preocupación del partido político de turno de apoyar el fortalecimiento del sector justicia para contribuir, de esa manera, a que los habitantes del país verdaderamente gocen de un sistema judicial que les garantice justicia pronta y cumplida.

De acuerdo al diagnóstico al sistema de justicia que se expone en la agenda de cambio  “la ineficiencia en la impartición de justicia, la lentitud de los procesos judiciales y la corrupción inciden en la poca emisión de condenas que generan reacciones violentas de la población, como por ejemplo, los linchamientos”.  No se puede desmentir la veracidad de esta afirmación, y tampoco se puede olvidar que cuando se habla de justicia debe pensarse en un todo integral y no solamente en una de sus áreas.   En efecto,  pensar que los problemas de justicia se focalizan únicamente en el campo penal es reducir el problema a una sola de las áreas de la justicia, en olvido de otras no menos importantes que, de ser oportuna y debidamente  tratadas, contribuirían  a solucionar las controversias no constitutivas de delito  en forma más ágil  con lo cual se  evitaría la posibilidad de que se conviertan  en fuentes generadoras de violencia o de actos ilícitos constitutivos de delito, enfoque que se ve reforzado en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010[1] al indicar que "las políticas de justicia pueden ser preventivas o de castigo, en atención a que se juzgue al delito como resultado de una mala conformación de la sociedad o más bien el efecto de desajustes estrictamente personales. […] En un escenario de normalidad institucional, de desarrollo con equidad, estabilidad social y política, los factores criminógenos están menos presentes y puede la justicia subrayar su dimensión de prevención y luego las medidas de castigo”.

Es doloroso admitir que la crisis en la justicia es un hecho que existe y resiste, pues es una crisis resistente a personas, gobiernos y a leyes.  Es una crisis con raíces muy profundas y causas complejas en donde, como bien lo indica el referido diagnóstico, se evidencia por la lentitud de los procesos judiciales.  Esta morosidad procesal, producto de la misma ineficacia de la justicia, es un fenómeno muy complejo con múltiples causas, con variados responsables y es poco justo atribuir las “culpas” a quienes trabajan en los tribunales, pues existen otros factores inductores de morosidad como lo es el crecimiento continuo y a veces exponencial de la demanda de justicia en todos los órdenes jurisdiccionales.

Pero la gran demanda de intervención judicial, ya sea en la vía civil, en la penal, laboral o contencioso administrativo es, sin duda, la misma crisis social que continúa extendiéndose.  Es una crisis que se manifiesta en el cierre de empresas, en el sobreendeudamiento y consecuentemente en el brutal aumento de procesos de cobro de deudas (especialmente por uso de tarjetas de crédito); es la misma crisis social la que ha provocado desmesuradamente el fenómeno de emisión de cheques librados sin provisión de fondos, e incluso la misma crisis, en otra vertiente, se manifiesta en la criminalidad ligada directa o indirectamente al fenómeno de la droga.  De suerte que la crisis de la justicia, como es evidente, es inseparable de la crisis de la sociedad, del desempleo, pobreza, tráfico, comercio y consumo de droga.  De ahí que se hace necesario y quizá imprescindible que  la búsqueda de soluciones al problema de justicia en nuestro medio  se estudie y analice tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista institucional.

Para el fortalecimiento al sistema judicial, se propone:

a)    Asignar y mejorar el presupuesto adecuado al Organismo Judicial:

De acuerdo con el artículo 213 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular su presupuesto. Para el efecto, la referida norma constitucional le asigna una cantidad no menor del dos por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado.  Agrega que ese monto deberá entregarse a la Tesorería del Organismo Judicial  cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente.  Asimismo, se estipula que son fondos privativos del Organismo Judicial los derivados de la administración de justicia y, finalmente, que el Organismo Judicial deberá publicar anualmente su presupuesto programático e informará al Congreso de la República cada cuatro meses acerca de los alcances y de la ejecución analítica del mismo.

Es innegable que la independencia económica y presupuestaria es uno de los componentes esenciales de la independencia judicial.  Es de tal magnitud su importancia que el Comité de Derechos Humanos ha instado a los Estados en varias ocasiones a proveer recursos suficientes al poder judicial como un medio de asegurar su independencia.[2]

Durante los años  2010 y 2011 el Organismo Judicial también padeció  los recortes al presupuesto como consecuencia del desfinanciamiento del Gobierno, lo cual impactó en forma negativa no solo  los servicios de salud, educación, seguridad y agricultura, sino también alcanzó al sector justicia, pues el Organismo Judicial no fue la excepción. Ello le impidió realizar una serie de actividades que habían sido programadas, tales como capacitación a jueces y magistrados, creación de nuevas Salas y Tribunales, creación de nuevas plazas, entre otras.

Los organismos internacionales, principalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no sólo reconocen la vitalidad de la independencia económica del Poder Judicial, sino que también abordan una serie de aspectos específicos, tales como: la conveniencia de que el proyecto de presupuesto sea elaborado por el propio Órgano Judicial, la necesidad de asignar recursos suficientes para la reforma judicial y la pertinencia de consagrar cláusulas constitucionales de salvaguarda de un mínimo presupuestario para el sistema de justicia, entre otros.

El fondeo oportuno de las asignaciones correspondientes al Organismo Judicial en los próximos años es de vital importancia para el desarrollo de los programas que Corte Suprema de Justicia tiene previsto desarrollar dentro de su plan quinquenal para mejorar el acceso a la justicia y, principalmente, para cumplir con la función de administrar justicia pronta y cumplida, para que esto último se convierta en una realidad y deje de ser una muletilla del discurso mediático.

b)    Acuerdo interinstitucional para la investigación y procesamiento de los funcionarios del sector justicia.

Este tema debe ser objeto de revisión porque existe una Ley de la Carrera Judicial y una Ley de Servicio Civil de los Trabajadores del Organismo Judicial en las que se encuentran detalladas las acciones que se consideran como faltas al servicio y se regula el procedimiento disciplinario por medio del cual se juzgan dichas faltas.  De suerte que, al existir una ley ordinaria por medio de la cual  se regula la materia, tal normativa no puede modificarse a través de un Acuerdo interinstitucional porque ello violaría el principio de jerarquía normativa  consagrado en el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial según el cual las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, y carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.

En ese sentido, la propuesta contenida en el plan de acción del gobierno de investigar y procesar a funcionarios del sector justicia mediante la suscripción de un Acuerdo interinstitucional con el Organismo Judicial, estimo que es irrealizable por contrariar de manera frontal una norma jurídica de rango superior que tiene regulado el procedimiento disciplinario y sancionatorio para los trabajadores y funcionarios del Organismo Judicial que incurran en faltas en el desempeño de su gestión, por lo que, en todo caso, deberá reorientarse la propuesta para hacerla legalmente viable.

c)    Prevención y erradicación de linchamientos

En el tema de los linchamientos, puede decirse que en Guatemala las causas están asociadas al abuso, corrupción, prepotencia y negligencia de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana, impunidad generalizada, falta de credibilidad y desconfianza en el sistema de justicia debido a su inoperancia. En muchos casos debe agregarse la complicidad de las autoridades con los criminales, lo cual genera un sentimiento de absoluta indefensión entre la población. En un estudio realizado en México y Guatemala las personas expresaron que se sienten “cansadas porque se deja en libertad a los delincuentes,” y que “ya no aguantan más” tanto agravio acumulado. Por ello en ambas sociedades, se justifican los linchamientos como medidas extremas para frenar el crecimiento de la delincuencia, el cual es tolerado y permitido por las mismas autoridades[3].

Generalmente los pobladores ven en los linchamientos una forma de autodefensa contra el crimen. En una sociedad donde las instituciones formales para preservar el orden y proteger la vida y propiedad de las personas no existen, o no son aplicables, es más probable que surjan instituciones informales que utilizan la violencia de manera instrumental. Cuando existen altos niveles de criminalidad e impunidad, y dichos problemas afectan a comunidades con fuertes identidades étnicas, o territoriales, es más probable que dichos grupos ejerzan una acción colectiva para proteger un bien público tan valorado como la seguridad.

En esa virtud, se propone trabajar consistente y sostenidamente en el fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales dotándolos de la infraestructura necesaria para que estén en capacidad de atender los requerimientos y demandas de justicia de las comunidades en donde se focalizan de manera recurrente esta clase de justicia por mano propia,  garantizando a los habitantes el acceso a la justicia para que pueda resolver sus controversias mediante la intervención de jueces que juzguen las causas de manera imparcial, objetiva y trasparente a fin de cumplir con la función de administrar justicia pronta y cumplida y, lo más importante, devolverle a la ciudadanía en general la confianza y credibilidad en las instituciones jurisdiccionales.  Estas acciones, que son prioritarias en la agenda judicial,  no pueden separarse del tema presupuestario ya que su implementación requerirá necesariamente de los fondos respectivos, tanto para la creación de nuevos juzgados como para la dotación del equipo y personal que sea necesario para dicho fin.

d)  Reformas a la Ley de la Carrera Judicial

En la parte atinente a la reforma normativa, el plan de acción del Partido Patriota proyecta promover leyes y/o reformas legales en diferentes materias del sector justicia, con el objeto de desarrollar e impulsar las mejoras requeridas por los entes especializados a favor de la población, entre las cuales incluye la Ley de la Carrera Judicial.

Aun cuando, la aprobación de la Ley de la Carrera Judicial constituyó uno de los principales avances en el proceso de modernización y fortalecimiento del Organismo Judicial, gracias a que se institucionalizó el procedimiento de convocatoria pública, evaluación, capacitación, selección y posterior nombramiento de jueces, su aplicación práctica ha revelado la necesidad de revisarla en forma integral, así como también su Reglamento, debido a que las normas contenidas limitan la eficaz implementación y fortalecimiento de la carrera judicial. 

Sin embargo, durante los últimos años no se han registrado avances significativos en el fortalecimiento del marco normativo de la carrera judicial, particularmente en lo relativo a la evaluación del desempeño y al régimen disciplinario y la legislación vigente relativa al sistema de selección, régimen disciplinario, evaluación del desempeño, traslados y ascensos de jueces y  personal auxiliar de justicia todavía no garantiza la aplicación de criterios objetivos.

El proceso de elección de magistrados de Salas y de la Corte Suprema de Justicia sigue politizado como consecuencia de la participación directa del Congreso de la República en dicho proceso. Según un estudio realizado conjuntamente por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales -ASIES- y la Fundación Honrad Adenauer Stiftung^[4] “Esta situación ha permitido  que los partidos políticos presentes en el Congreso de la República decidan en forma libre sobre la elección de uno, dos o más magistrados, y nombrar así a los de su preferencia, sin importar si los mismos carecen de idoneidad, lo que ha incidido últimamente en la limitada capacidad técnico-jurídica de los tribunales de Guatemala.  De igual forma, ello ha generado la influencia y las presiones de bufetes corporativos en connivencia muchas veces con la delincuencia organizada, para que ésta financie campañas de promoción de algunos grupos de magistrados y abogados litigantes en la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; o ante sus colegas para que sean nominados; y ante los diputados al Congreso de la República, para que sus candidaturas sean avaladas por los distintos bloques políticos e incluso realicen campañas de desprestigio contra magistrados y abogados que no forman parte de las componendas…”

Esta acción que propone el partido de gobierno es impostergable, pues es necesario establecer los mecanismos adecuados que verdaderamente garanticen el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras actividades de los jueces y magistrados, así como una selección y elección  de  magistrados de Corte Suprema de Justicia  sin ninguna clase de manipulaciones políticas.

Cualquiera otra forma de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia que se proponga en sustitución al existente, debe preveer  un mecanismo que limite  la actuación de grupos interesados que traten de copar los espacios  para  convertirse en los nuevos mecenas que gratifiquen y favorezcan a sus amigos y allegados con nombramientos como magistrados.

            e) Promover reformas necesarias a los procedimientos no penales para hacerlos dinámicos, eficaces y expeditos.

Este es un tema de vital importancia para la vida jurídica de nuestro país: la reforma de la normativa procesal civil.  Nuestro actual Código Procesal Civil (Dto. Ley 107), que es el instrumento legal para hacer efectiva la normativa civil y mercantil, entró en vigencia el primero de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, es decir que está por cumplir cincuenta años de estar vigente  y durante ese lapso ha sufrido muy pocas modificaciones.  No obstante que se trata de un buen código ya no es suficiente para las demandas y requerimientos de justicia en el ramo civil y mercantil en donde, como se dijo anteriormente, el número de expedientes judiciales ha experimentado un crecimiento exponencial, lo que ha provocado un crecimiento en los niveles de morosidad judicial.

Por ello, desde el año recién pasado, tomando como modelo las reformas de los sistemas procesales en El Salvador y Honduras, que a la vez fueron influenciados por la legislación española, se iniciaron los estudios tendientes a explorar la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la normativa procesal civil en Guatemala.  Para tal efecto se dio inicio a los estudios preliminares en los que se analizó legislación comparada y se evaluó la infraestructura actual del Organismo Judicial para identificar las áreas de deficiencia que deben corregirse para poner en marcha el proyecto.  La primera fase servirá no sólo para conocer los problemas que deben superarse para la implementación de la nueva normativa, sino también para servir de parámetro indicador que permita cuantificar el costo del proyecto.

El costo del proyecto es alto, pero hay instituciones internacionales que apoyan esta clase de proyectos por lo que podrían emprenderse acciones conjuntas para  buscar la ayuda financiera  necesaria para el desarrollo de este ambicioso proyecto que tiene como principal propósito la reducción significativa de los tiempos de respuesta y que, sin lugar a dudas, redundará en beneficio de la población

De manera que esta propuesta del plan de acción del Partido Patriota es congruente con la problemática actual que enfrenta la administración de justicia y se encuentra  ajustado  a la realidad nacional.  Las soluciones que propone a los diferentes problemas expuestos en su programa son realizables en unos casos y en otros, estimo que deben de ser redefinidas, pero en términos generales se trata de propuestas serias que pretenden combatir las causas de los problemas.

CONCLUSIONES

1. El plan de gobierno del Partido Patriota (PP) ha sido elaborado con conocimiento de causa de los principales problemas que aquejan al Organismo Judicial, y las propuestas para el fortalecimiento del sistema de justicia son congruentes con la realidad nacional;
2. El gobierno de turno deberá tomar medidas concretas para solucionar la problemática del sistema de justicia y sus repercusiones, pero respetando la línea divisoria que separa a los Organismos del Estado para no violar la independencia judicial.
3. Durante los últimos dos años las asignaciones presupuestarias que ha recibido el Organismo Judicial ha servido para cubrir los gastos de funcionamiento y no ha realizado ningún gasto de inversión, por lo que sus programas de crecimiento para garantizar el acceso a la justicia a los habitantes del país, la dotación de equipo de cómputo a los tribunales del país y otras inversiones para mejorar el servicio en la  administración de justicia, han dejado de ejecutarse.
4. El fondeo oportuno de las asignaciones correspondientes al Organismo Judicial en los próximos años es de vital importancia para el desarrollo de los programas que Corte Suprema de Justicia tiene previsto desarrollar dentro de su plan quinquenal para mejorar con ello el acceso a la justicia y, principalmente, para cumplir con la función de administrar justicia pronta y cumplida, para que esto último se convierta en una realidad y deje de ser una muletilla del discurso mediático.

[1]  Informe nacional de desarrollo humano 2009/2010, Guatemala: hacia un Estado para el desarrollo humano. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Guatemala.

[2] Ver, por ejemplo, Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: República Centroafricana, Documento de la ONU CCPR/C/CAF/CO/2, párrafo 16, citado en la publicación Desafíos a la Independencia y Transparencia del Organismo Judicial en Guatemala, Fundación Myrna Mack, Guatemala, noviembre 2010

[3] http://redalyc.uaemex.mx/pdf/325/32515206.pdf

[4]  Asociación de Investigación y Estudios Sociales -ASIES- y la Fundación Honrad Adenauer Stiftung, La carrera profesional en la administración de justicia, Sexto estudio: Proceso de fortalecimiento del sistema de justicia, avances y debilidades 2008-2010, Guatemala, noviembre de 2010

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