RESUMEN
El Plan de Gobierno es el documento en donde se plasma la propuesta de gobierno que un partido tiene para el país que pretende gobernar durante un periodo legalmente establecido. Es decir, los programas, subprogramas, proyectos y metas por alcanzar. Un Plan de Gobierno permite a los ciudadanos evaluar, comparativamente, las distintas propuestas que presentan las agrupaciones políticas en campaña, para optar por el que mejor responda a la problemática y necesidades de su comunidad. Disminuye, en consecuencia, los riesgos de un futuro gobierno improvisado o sin propuestas y capacidades para solucionar los problemas existentes en su País. Asimismo, facilita la vigilancia ciudadana en el cumplimiento del Plan de Gobierno.
En este documento se presenta el análisis del eje del plan de gobierno elaborado por el Partido Patriota, relativo al fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala. Sabido es que el sistema político actual requiere de cambios profundos para lograr un sistema verdaderamente democrático. De esa cuenta, conviene analizar si el plan de acción del partido político de turno gira en torno a propuestas políticas serias medibles en términos de la razonabilidad y ante todo si está ajustado a la realidad.
De ahí la necesidad de realizar un estudio medular sobre las propuestas que contiene el referido plan de acción a fin de establecer si son propuestas serias que coadyuven a la solución de la problemática del sector o justicia y sus repercusiones, o si, por el contrario, son simplemente promesas políticas propias de una campaña electoral.
INTRODUCCIÓN
La propuesta de trabajo del Partido Patriota (PP), se enfoca en cinco ejes: Seguridad democrática y justicia, desarrollo económico, desarrollo rural, salud y seguridad alimentaria; y educación.
1. Seguridad democrática y justicia: El eje prioritario de este punto busca solucionar de raíz la crisis estructural de seguridad y justicia que atraviesa el país; ejecutar un plan emergente de seguridad que en corto plazo revierta el escenario de inseguridad; crear un sistema nacional de seguridad que recupere y fortalezca las capacidades del Estado.
2. Desarrollo económico: Pretende lograr un crecimiento con equidad y calidad de la economía guatemalteca, en forma sostenida y dinámica, que permita ofrecer mayores oportunidades de empleo para la población. Los ejes de acción son: seguridad ciudadana, certeza jurídica, impulso a exportaciones no tradicionales, manejo del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos; estrategia nacional de turismo, infraestructura, financiamiento para la adquisición de vivienda y capacitación para incrementar la productividad.
3. Desarrollo rural: Avanzar con dinamismo hacia el alcance de las condiciones de una vida digna para los guatemaltecos que viven en las zonas rurales cerrando la brecha entre los indicadores sociales de la población urbana y rural. Entre las acciones estratégicas están planificación territorial, combate a la inequidad, y el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa rurales.
4. Salud y Seguridad alimentaria: Responder a las necesidades de la población; ofrecer una mejor vigilancia y control de la salud; mejorar las condiciones de vida; disminuir los factores de riesgo y los daños a la salud bajo los objetivos estratégicos: modernización institucional; creación del sistema nacional de salud; participación social y autocuidado, salud preventiva, extensión de cobertura y fortalecimiento, rediseño y ampliación de programas de salud.
5. Educación: Cobertura total de la educación primaria en todo el país; normalizar y mejorar los controles y supervisión a los establecimientos privados; modernizar y descentralizar la gestión educativa; mejorar la calidad de la educación; dignificar la profesión docente; fortalecer la equidad educativa; erradicar el analfabetismo en todo el país; y regionalizar la administración educativa con criterio etnolingüístico.
Con preocupación debo señalar que durante los últimos años, en el desarrollo de la función pública guatemalteca se ha percibido claramente la influencia de las acciones del crimen organizado y del narcotráfico que unidas a la debilitada institucionalidad del sistema de justicia y seguridad han permitido que los niveles de criminalidad, de violencia y de impunidad prevalezca sobre cualquier esfuerzo de control y reducción. Asimismo, el crecimiento exponencial de casos en los Tribunales ha contribuido a que los trámites de los procesos sean lentos y prolongados, dando como resultado un alto índice de morosidad judicial, todo lo cual se ha traducido en pérdida de credibilidad en el sistema de justicia guatemalteco.
El problema se agrava cuando los engranajes del Estado dejan de funcionar adecuadamente y los Organismos de Estado abandonan la visión de búsqueda del bien común y olvidan que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Cuando el ejecutivo deja de cumplir sus obligaciones constitucionales de entregar oportunamente las asignaciones presupuestarias al Organismo Judicial, los planes y programan para el desarrollo institucional de la justicia se trastornan dando como resultado una prestación precaria del servicio.
En ese sentido, la inclusión en el plan de gobierno del partido político de turno de propuestas relacionadas con el fortalecimiento de la justicia y el compromiso del Señor Presidente de respetar la independencia judicial y de trasladar oportunamente las asignaciones presupuestarias para el Organismo Judicial, no solo es alentador sino que trae consigo la esperanza de poder construir un sistema de justicia sólido que responda a las necesidades y requerimientos de los habitantes de la nación.
El presente trabajo no pretende agotar la totalidad de puntos que incluye la propuesta para el sector justicia, pero si abordará los principales problemas y sus repercusiones, con la esperanza de sentar las bases para futuros trabajos de investigación en ese sentido.
Por necesidad metodológica se requiere precisar con la mayor exactitud posible cuál es el problema en especial que será objeto de la investigación y ello nos permite el uso de la técnica para definir un problema que consiste en hacer la delimitación y especificación del mismo.
Bajo tal concepción, la problemática de la presente investigación, se centra en el análisis crítico de las propuestas formuladas en el plan de gobierno del Partido Patriota en torno a los problemas que hoy en día enfrenta el sector justicia, por lo que el problema a investigar es el siguiente:
¿QUÉ ACCIONES DEBEN TOMARSE PARA FORTALECER EL SISTEMA DE JUSTICIA EN GUATEMALA DE ACUERDO A LAS PROPUETAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE GOBIERNO ELABORADO POR EL PARTIDO PATRIOTA?
La definición del problema a investigar nos conduce a formular la siguiente hipótesis:
“EL PARTIDO POLITICO DE GOBIERNO DEBE TOMAR ACCIONES CONCRETAS QUE, SIN INTERFERIR EN LA INDEPENDENCIA DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO, COADYUVEN A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS PRESUPUESTARIOS, DE SEGURIDAD Y ESTRUCTURALES DEL ORGANISMO JUDICIAL”.
OBJETIVO GENERAL:
Elaborar un estudio que analice las propuestas para el fortalecimiento de la justicia en Guatemala, contenidas en el plan de acción del Partido Patriota.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
a) Examinar la posibilidad de implementación de las propuestas sugeridas en el plan de gobierno para el sistema judicial;
b) Identificar los obstáculos que deben superarse para la implementación de las acciones del plan de gobierno en el tema de fortalecimiento del sistema judicial.
CONTENIDO
Uno de los ejes y propósitos que incluye la agenda del cambio impulsada por el Partido Patriota es la Seguridad Democrática y Justicia, el cual se ejecutará desarrollando cinco estrategias integrales que son, a saber: a) La protección de la vida y la propiedad; b) la neutralización al crimen organizado, maras y delincuencia común; c) el fortalecimiento institucional; la coordinación e integración de la cooperación internacional en apoyo a la seguridad democrática, y d) el fortalecimiento al sistema de justicia.
La crisis económica financiera mundial que afecta nuestra economía y nuestra sociedad, la crisis de gobernabilidad pública, a las que se suman las de la administración de servicios de seguridad ciudadana y justicia; las precarias condiciones socio-económicas en que vive más de la mitad de la población, cuya situación se ve agravada por el desempleo, la criminalidad común y la violencia generada por el narcotráfico y el crimen organizado, plantean un escenario ideal para generar cambios profundos en la forma en que la administración pública provee servicios a la ciudadanía. La pérdida de credibilidad conlleva irrespeto a instituciones públicas e inobservancia a las leyes establecidas, lo cual conduce a un estado de ingobernabilidad y desenfreno social. Dentro de este marco existe una ventana de oportunidad para el rescate de la institucionalidad y el Estado de Derecho, y es mediante la toma de decisiones estratégicas que ataquen estos puntos neurálgicos dentro de la gestión pública, tales como: 1. Lentitud de respuesta; 2. Mala calidad de los servicios; 3. Indiferencia a las necesidades y demandas de los usuarios; 4. Derroche de recursos públicos; y 5. Negligencia y corrupción.
El artículo 2º de la Constitución Política de Guatemala, constituye el punto de partida o fundamento para llevar a cabo una revisión profunda al sistema judicial porque es al Estado a quien corresponde el deber de garantizar justicia y seguridad a los habitantes del país. Es por ello que compartimos la preocupación del partido político de turno de apoyar el fortalecimiento del sector justicia para contribuir, de esa manera, a que los habitantes del país verdaderamente gocen de un sistema judicial que les garantice justicia pronta y cumplida.
De acuerdo al diagnóstico al sistema de justicia que se expone en la agenda de cambio “la ineficiencia en la impartición de justicia, la lentitud de los procesos judiciales y la corrupción inciden en la poca emisión de condenas que generan reacciones violentas de la población, como por ejemplo, los linchamientos”. No se puede desmentir la veracidad de esta afirmación, y tampoco se puede olvidar que cuando se habla de justicia debe pensarse en un todo integral y no solamente en una de sus áreas. En efecto, pensar que los problemas de justicia se focalizan únicamente en el campo penal es reducir el problema a una sola de las áreas de la justicia, en olvido de otras no menos importantes que, de ser oportuna y debidamente tratadas, contribuirían a solucionar las controversias no constitutivas de delito en forma más ágil con lo cual se evitaría la posibilidad de que se conviertan en fuentes generadoras de violencia o de actos ilícitos constitutivos de delito, enfoque que se ve reforzado en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010[1] al indicar que "las políticas de justicia pueden ser preventivas o de castigo, en atención a que se juzgue al delito como resultado de una mala conformación de la sociedad o más bien el efecto de desajustes estrictamente personales. […] En un escenario de normalidad institucional, de desarrollo con equidad, estabilidad social y política, los factores criminógenos están menos presentes y puede la justicia subrayar su dimensión de prevención y luego las medidas de castigo”.
Es doloroso admitir que la crisis en la justicia es un hecho que existe y resiste, pues es una crisis resistente a personas, gobiernos y a leyes. Es una crisis con raíces muy profundas y causas complejas en donde, como bien lo indica el referido diagnóstico, se evidencia por la lentitud de los procesos judiciales. Esta morosidad procesal, producto de la misma ineficacia de la justicia, es un fenómeno muy complejo con múltiples causas, con variados responsables y es poco justo atribuir las “culpas” a quienes trabajan en los tribunales, pues existen otros factores inductores de morosidad como lo es el crecimiento continuo y a veces exponencial de la demanda de justicia en todos los órdenes jurisdiccionales.
Pero la gran demanda de intervención judicial, ya sea en la vía civil, en la penal, laboral o contencioso administrativo es, sin duda, la misma crisis social que continúa extendiéndose. Es una crisis que se manifiesta en el cierre de empresas, en el sobreendeudamiento y consecuentemente en el brutal aumento de procesos de cobro de deudas (especialmente por uso de tarjetas de crédito); es la misma crisis social la que ha provocado desmesuradamente el fenómeno de emisión de cheques librados sin provisión de fondos, e incluso la misma crisis, en otra vertiente, se manifiesta en la criminalidad ligada directa o indirectamente al fenómeno de la droga. De suerte que la crisis de la justicia, como es evidente, es inseparable de la crisis de la sociedad, del desempleo, pobreza, tráfico, comercio y consumo de droga. De ahí que se hace necesario y quizá imprescindible que la búsqueda de soluciones al problema de justicia en nuestro medio se estudie y analice tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista institucional.
Para el fortalecimiento al sistema judicial, se propone:
a) Asignar y mejorar el presupuesto adecuado al Organismo Judicial:
De acuerdo con el artículo 213 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular su presupuesto. Para el efecto, la referida norma constitucional le asigna una cantidad no menor del dos por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado. Agrega que ese monto deberá entregarse a la Tesorería del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente. Asimismo, se estipula que son fondos privativos del Organismo Judicial los derivados de la administración de justicia y, finalmente, que el Organismo Judicial deberá publicar anualmente su presupuesto programático e informará al Congreso de la República cada cuatro meses acerca de los alcances y de la ejecución analítica del mismo.
Es innegable que la independencia económica y presupuestaria es uno de los componentes esenciales de la independencia judicial. Es de tal magnitud su importancia que el Comité de Derechos Humanos ha instado a los Estados en varias ocasiones a proveer recursos suficientes al poder judicial como un medio de asegurar su independencia.[2]
Durante los años 2010 y 2011 el Organismo Judicial también padeció los recortes al presupuesto como consecuencia del desfinanciamiento del Gobierno, lo cual impactó en forma negativa no solo los servicios de salud, educación, seguridad y agricultura, sino también alcanzó al sector justicia, pues el Organismo Judicial no fue la excepción. Ello le impidió realizar una serie de actividades que habían sido programadas, tales como capacitación a jueces y magistrados, creación de nuevas Salas y Tribunales, creación de nuevas plazas, entre otras.
Los organismos internacionales, principalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no sólo reconocen la vitalidad de la independencia económica del Poder Judicial, sino que también abordan una serie de aspectos específicos, tales como: la conveniencia de que el proyecto de presupuesto sea elaborado por el propio Órgano Judicial, la necesidad de asignar recursos suficientes para la reforma judicial y la pertinencia de consagrar cláusulas constitucionales de salvaguarda de un mínimo presupuestario para el sistema de justicia, entre otros.
El fondeo oportuno de las asignaciones correspondientes al Organismo Judicial en los próximos años es de vital importancia para el desarrollo de los programas que Corte Suprema de Justicia tiene previsto desarrollar dentro de su plan quinquenal para mejorar el acceso a la justicia y, principalmente, para cumplir con la función de administrar justicia pronta y cumplida, para que esto último se convierta en una realidad y deje de ser una muletilla del discurso mediático.
b) Acuerdo interinstitucional para la investigación y procesamiento de los funcionarios del sector justicia.
Este tema debe ser objeto de revisión porque existe una Ley de la Carrera Judicial y una Ley de Servicio Civil de los Trabajadores del Organismo Judicial en las que se encuentran detalladas las acciones que se consideran como faltas al servicio y se regula el procedimiento disciplinario por medio del cual se juzgan dichas faltas. De suerte que, al existir una ley ordinaria por medio de la cual se regula la materia, tal normativa no puede modificarse a través de un Acuerdo interinstitucional porque ello violaría el principio de jerarquía normativa consagrado en el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial según el cual las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, y carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.
En ese sentido, la propuesta contenida en el plan de acción del gobierno de investigar y procesar a funcionarios del sector justicia mediante la suscripción de un Acuerdo interinstitucional con el Organismo Judicial, estimo que es irrealizable por contrariar de manera frontal una norma jurídica de rango superior que tiene regulado el procedimiento disciplinario y sancionatorio para los trabajadores y funcionarios del Organismo Judicial que incurran en faltas en el desempeño de su gestión, por lo que, en todo caso, deberá reorientarse la propuesta para hacerla legalmente viable.
c) Prevención y erradicación de linchamientos
En el tema de los linchamientos, puede decirse que en Guatemala las causas están asociadas al abuso, corrupción, prepotencia y negligencia de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana, impunidad generalizada, falta de credibilidad y desconfianza en el sistema de justicia debido a su inoperancia. En muchos casos debe agregarse la complicidad de las autoridades con los criminales, lo cual genera un sentimiento de absoluta indefensión entre la población. En un estudio realizado en México y Guatemala las personas expresaron que se sienten “cansadas porque se deja en libertad a los delincuentes,” y que “ya no aguantan más” tanto agravio acumulado. Por ello en ambas sociedades, se justifican los linchamientos como medidas extremas para frenar el crecimiento de la delincuencia, el cual es tolerado y permitido por las mismas autoridades[3].
Generalmente los pobladores ven en los linchamientos una forma de autodefensa contra el crimen. En una sociedad donde las instituciones formales para preservar el orden y proteger la vida y propiedad de las personas no existen, o no son aplicables, es más probable que surjan instituciones informales que utilizan la violencia de manera instrumental. Cuando existen altos niveles de criminalidad e impunidad, y dichos problemas afectan a comunidades con fuertes identidades étnicas, o territoriales, es más probable que dichos grupos ejerzan una acción colectiva para proteger un bien público tan valorado como la seguridad.
En esa virtud, se propone trabajar consistente y sostenidamente en el fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales dotándolos de la infraestructura necesaria para que estén en capacidad de atender los requerimientos y demandas de justicia de las comunidades en donde se focalizan de manera recurrente esta clase de justicia por mano propia, garantizando a los habitantes el acceso a la justicia para que pueda resolver sus controversias mediante la intervención de jueces que juzguen las causas de manera imparcial, objetiva y trasparente a fin de cumplir con la función de administrar justicia pronta y cumplida y, lo más importante, devolverle a la ciudadanía en general la confianza y credibilidad en las instituciones jurisdiccionales. Estas acciones, que son prioritarias en la agenda judicial, no pueden separarse del tema presupuestario ya que su implementación requerirá necesariamente de los fondos respectivos, tanto para la creación de nuevos juzgados como para la dotación del equipo y personal que sea necesario para dicho fin.
d) Reformas a la Ley de la Carrera Judicial
En la parte atinente a la reforma normativa, el plan de acción del Partido Patriota proyecta promover leyes y/o reformas legales en diferentes materias del sector justicia, con el objeto de desarrollar e impulsar las mejoras requeridas por los entes especializados a favor de la población, entre las cuales incluye la Ley de la Carrera Judicial.
Aun cuando, la aprobación de la Ley de la Carrera Judicial constituyó uno de los principales avances en el proceso de modernización y fortalecimiento del Organismo Judicial, gracias a que se institucionalizó el procedimiento de convocatoria pública, evaluación, capacitación, selección y posterior nombramiento de jueces, su aplicación práctica ha revelado la necesidad de revisarla en forma integral, así como también su Reglamento, debido a que las normas contenidas limitan la eficaz implementación y fortalecimiento de la carrera judicial.
Sin embargo, durante los últimos años no se han registrado avances significativos en el fortalecimiento del marco normativo de la carrera judicial, particularmente en lo relativo a la evaluación del desempeño y al régimen disciplinario y la legislación vigente relativa al sistema de selección, régimen disciplinario, evaluación del desempeño, traslados y ascensos de jueces y personal auxiliar de justicia todavía no garantiza la aplicación de criterios objetivos.
El proceso de elección de magistrados de Salas y de la Corte Suprema de Justicia sigue politizado como consecuencia de la participación directa del Congreso de la República en dicho proceso. Según un estudio realizado conjuntamente por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales -ASIES- y la Fundación Honrad Adenauer Stiftung[4] “Esta situación ha permitido que los partidos políticos presentes en el Congreso de la República decidan en forma libre sobre la elección de uno, dos o más magistrados, y nombrar así a los de su preferencia, sin importar si los mismos carecen de idoneidad, lo que ha incidido últimamente en la limitada capacidad técnico-jurídica de los tribunales de Guatemala. De igual forma, ello ha generado la influencia y las presiones de bufetes corporativos en connivencia muchas veces con la delincuencia organizada, para que ésta financie campañas de promoción de algunos grupos de magistrados y abogados litigantes en la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; o ante sus colegas para que sean nominados; y ante los diputados al Congreso de la República, para que sus candidaturas sean avaladas por los distintos bloques políticos e incluso realicen campañas de desprestigio contra magistrados y abogados que no forman parte de las componendas…”
Esta acción que propone el partido de gobierno es impostergable, pues es necesario establecer los mecanismos adecuados que verdaderamente garanticen el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras actividades de los jueces y magistrados, así como una selección y elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia sin ninguna clase de manipulaciones políticas.
Cualquiera otra forma de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia que se proponga en sustitución al existente, debe preveer un mecanismo que limite la actuación de grupos interesados que traten de copar los espacios para convertirse en los nuevos mecenas que gratifiquen y favorezcan a sus amigos y allegados con nombramientos como magistrados.
e) Promover reformas necesarias a los procedimientos no penales para hacerlos dinámicos, eficaces y expeditos.
Este es un tema de vital importancia para la vida jurídica de nuestro país: la reforma de la normativa procesal civil. Nuestro actual Código Procesal Civil (Dto. Ley 107), que es el instrumento legal para hacer efectiva la normativa civil y mercantil, entró en vigencia el primero de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, es decir que está por cumplir cincuenta años de estar vigente y durante ese lapso ha sufrido muy pocas modificaciones. No obstante que se trata de un buen código ya no es suficiente para las demandas y requerimientos de justicia en el ramo civil y mercantil en donde, como se dijo anteriormente, el número de expedientes judiciales ha experimentado un crecimiento exponencial, lo que ha provocado un crecimiento en los niveles de morosidad judicial.
Por ello, desde el año recién pasado, tomando como modelo las reformas de los sistemas procesales en El Salvador y Honduras, que a la vez fueron influenciados por la legislación española, se iniciaron los estudios tendientes a explorar la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la normativa procesal civil en Guatemala. Para tal efecto se dio inicio a los estudios preliminares en los que se analizó legislación comparada y se evaluó la infraestructura actual del Organismo Judicial para identificar las áreas de deficiencia que deben corregirse para poner en marcha el proyecto. La primera fase servirá no sólo para conocer los problemas que deben superarse para la implementación de la nueva normativa, sino también para servir de parámetro indicador que permita cuantificar el costo del proyecto.
El costo del proyecto es alto, pero hay instituciones internacionales que apoyan esta clase de proyectos por lo que podrían emprenderse acciones conjuntas para buscar la ayuda financiera necesaria para el desarrollo de este ambicioso proyecto que tiene como principal propósito la reducción significativa de los tiempos de respuesta y que, sin lugar a dudas, redundará en beneficio de la población
De manera que esta propuesta del plan de acción del Partido Patriota es congruente con la problemática actual que enfrenta la administración de justicia y se encuentra ajustado a la realidad nacional. Las soluciones que propone a los diferentes problemas expuestos en su programa son realizables en unos casos y en otros, estimo que deben de ser redefinidas, pero en términos generales se trata de propuestas serias que pretenden combatir las causas de los problemas.
CONCLUSIONES
- El plan de gobierno del Partido Patriota (PP) ha sido elaborado con conocimiento de causa de los principales problemas que aquejan al Organismo Judicial, y las propuestas para el fortalecimiento del sistema de justicia son congruentes con la realidad nacional;
- El gobierno de turno deberá tomar medidas concretas para solucionar la problemática del sistema de justicia y sus repercusiones, pero respetando la línea divisoria que separa a los Organismos del Estado para no violar la independencia judicial.
- Durante los últimos dos años las asignaciones presupuestarias que ha recibido el Organismo Judicial ha servido para cubrir los gastos de funcionamiento y no ha realizado ningún gasto de inversión, por lo que sus programas de crecimiento para garantizar el acceso a la justicia a los habitantes del país, la dotación de equipo de cómputo a los tribunales del país y otras inversiones para mejorar el servicio en la administración de justicia, han dejado de ejecutarse.
- El fondeo oportuno de las asignaciones correspondientes al Organismo Judicial en los próximos años es de vital importancia para el desarrollo de los programas que Corte Suprema de Justicia tiene previsto desarrollar dentro de su plan quinquenal para mejorar con ello el acceso a la justicia y, principalmente, para cumplir con la función de administrar justicia pronta y cumplida, para que esto último se convierta en una realidad y deje de ser una muletilla del discurso mediático.
[1] Informe nacional de desarrollo humano 2009/2010, Guatemala: hacia un Estado para el desarrollo humano. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Guatemala.
[2] Ver, por ejemplo, Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: República Centroafricana, Documento de la ONU CCPR/C/CAF/CO/2, párrafo 16, citado en la publicación Desafíos a la Independencia y Transparencia del Organismo Judicial en Guatemala, Fundación Myrna Mack, Guatemala, noviembre 2010
[3] http://redalyc.uaemex.mx/pdf/325/32515206.pdf
[4] Asociación de Investigación y Estudios Sociales -ASIES- y la Fundación Honrad Adenauer Stiftung, La carrera profesional en la administración de justicia, Sexto estudio: Proceso de fortalecimiento del sistema de justicia, avances y debilidades 2008-2010, Guatemala, noviembre de 2010
